por Josep Mª Reichardt La nueva norma aprobada por el Parlament para hacerla compatible con las medidas anuladas por el Tribunal Constitucional en 2019 que protegía a las personas vulnerables, está llena de sombras en cuanto a su efectividad. Según opinan diferentes juristas, los impagos en el alquiler y el desahucio express en el nuevo documento no tiene suficientes mecanismos para que sea aplicado de manera satisfactoria. Los partidos políticos que dan soporte a esta nueva Ley que son, además de los partidos de la coalición de Govern Esquerra Republicana de Catalunya y Junts, los Comunes y las Candidaturas Unitarias Populares que les han dado su apoyo y a última hora también se ha incorporado el Partido Socialista de Catalunya. También le ha dado su apoyo la controvertida PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de la que fue presidenta la alcaldesa Ada Colau.
El consenso político trata de recuperar las medidas que obligan a los grandes tenedores de inmuebles a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables o en riesgo de exclusión social, tal como recogía el decreto de Quim Torra de 2019.
La nueva norma sobre los impagos en el alquiler y el desahucio express redefine el concepto de «gran tenedor» que, a partir de ahora, considera que lo son todas las personas jurídicas que tengan más de diez inmuebles o las personas físicas que tengan más de quince.
Juristas especializados en desahucios opinan que esta nueva norma adolece de los mismos problemas que la anterior y tienen dudas sobre la ley para frenar los desahucios en Cataluña, es decir que si el juez que tiene que dictar la orden de desahucio interpreta que la norma catalana invade competencias estatales puede no aplicarla.
Llegado el caso que se tenga que tramitar un desahucio express, hará falta tener en cuenta todas las consideraciones de la Ley y asegurarse de cumplir con todos los requisitos para su ejecución. Para ello hace falta el concurso de un despacho de abogados especialistas en este tipo de desahucios.
