Juanma Moreno, líder del Partido Popular, fue investido presidente de la Junta de Andalucía el 2 de julio de 2026. Su nombramiento se produjo en segunda votación, donde alcanzó la mayoría simple requerida en el Parlamento autonómico. En los comicios previos, el Partido Popular había logrado 53 escaños, situándose a dos de la mayoría absoluta de 55 diputados. Para materializar la investidura, fue fundamental el apoyo de VOX, que aportó sus 15 escaños, consolidando un bloque parlamentario de 68 diputados.
Esta configuración gubernamental representa la primera ocasión en que VOX forma parte del ejecutivo autonómico de Andalucía. En el marco del nuevo organigrama, Manuel Gavira ha sido designado para ocupar una vicepresidencia y la consejería que agrupa las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Con la constitución de este gobierno, Andalucía se une a Extremadura, Castilla y León y Aragón como la cuarta comunidad autónoma española en establecer una coalición de gobierno entre el Partido Popular y VOX.
El acuerdo programático que sustenta este ejecutivo, plasmado en un documento de 60 páginas que comprende 150 medidas, estableció varios pilares para la gestión autonómica. Entre los principios rectores que orientaron las conversaciones y la formulación de políticas, la prioridad nacional fue identificada como un eje central en el proceso de negociación entre las dos formaciones políticas. Este pacto define la hoja de ruta para la legislatura entrante, abordando diversas áreas de gestión pública.
Bajada progresiva del IRPF autonómico para rentas inferiores a 60.000 euros
Uno de los aspectos concretos que el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y VOX contempla para la gestión de la Junta de Andalucía es la implementación de una reforma en el ámbito de la política fiscal autonómica. Esta reforma se materializará, entre otras disposiciones, en una bajada progresiva del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La medida está específicamente orientada a beneficiar a aquellos contribuyentes cuyas rentas se sitúen por debajo del límite de los 60.000 euros anuales.
El diseño de esta rebaja fiscal ha sido concebido para aplicarse de manera escalonada. El pacto establece que la disminución del tipo impositivo se efectuará a razón de un -0,25 % anual. Esta característica de progresividad significa que el ajuste en la carga fiscal no se producirá de forma inmediata en un solo ejercicio, sino que se irá aplicando gradualmente cada año. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 60.000 euros verán cómo el gravamen autonómico de su IRPF se reduce en esta proporción anualmente, lo que implica un impacto acumulativo a lo largo del tiempo.
La articulación de esta bajada progresiva busca una adaptación paulatina del sistema fiscal autonómico para el segmento de rentas medias y bajas. Al establecer un porcentaje anual de reducción, la medida permite una gestión fiscal anticipada y una adaptación progresiva tanto para la administración como para los ciudadanos afectados. Este enfoque gradual contrasta con posibles reducciones de carácter puntual o de aplicación única, optando por un modelo de ajuste sostenido que incide directamente sobre los tramos de renta previamente definidos en el acuerdo de coalición. La aplicación de este -0,25% anual se centrará exclusivamente en el tramo autonómico del IRPF para el colectivo de rentas inferiores a 60.000 euros, sin que el acuerdo especifique otras cifras fiscales relacionadas con este impuesto.