por Josep Mª Reichardt Las diferentes crisis económicas que estamos sufriendo en los últimos años, primero la de las hipotecas subprime de 2007-2008 que llevó a la quiebra de tantos bancos, después a partir de 2019 la pandemia de la COVID 19 y ahora estamos viviendo las dificultades derivadas de la guerra de Ucrania. Como consecuencia son muchas las familias que han visto reducidos sus ingresos y que tienen serias dificultades económicas incluso para atender los pagos más básicos, como el pago del alquiler. A este problema cabe añadir la lentitud en los desahucios.
Lamentablemente, a parte de las familias que tienen problemas económicos reales, hay un colectivo de sinvergüenzas que, aprovechándose de la desgracia de otros, intentan confundirse con la masa de los afectados por las crisis para evitar el pago de los alquileres.
La lentitud e ineficacia de la Administración de Justicia para tramitar los desahucios preocupa a los propietarios. Los propietarios se plantean si alquilar una vivienda por miedo a un impago del alquiler. De hecho los propietarios ya deben contar con que en ocasiones se produzcan impagos, lo que más les preocupa es la lentitud con que se producen los desahucios por falta de pago.
Las medidas garantistas extraordinarias de la administración para prevenir o evitar la avalancha de desahucios por impago, sea de las cuotas del préstamo hipotecario, sea de la renta del alquiler, han prorrogado la suspensión de los procesos de desahucio y lanzamiento para las familias que son declaradas judicialmente vulnerables en procesos de desahucio por impago de renta o de expiración de plazo, pero estas mismas administraciones no tienen en cuenta la necesidad de recuperar la posesión de una vivienda por parte de su legítimo propietario para ponerla de nuevo en alquiler.
No estamos hablando de los grandes tenedores, sino de pequeños propietarios que necesitan los ingresos del alquiler de su vivienda para complementar su pensión, por ejemplo.
El plazo normal de un desahucio en Madrid, por poner un ejemplo, era en su día de unos 6 meses, pero ahora se están demorando hasta 9 meses o un año. Además, para el caso de que exista suspensión por vulnerabilidad se podría paralizar los procesos hasta el 30 de septiembre de 2022, que es el plazo establecido en la última prorroga.
Es por ello que hay que ser razonables y que ni propietarios ni inquilinos traten de abusar en la difícil situación que estamos viviendo. Lamentablemente, a parte de las familias que sufren auténticos problemas económicos, hay otro colectivo que, aprovechándose de la situación, intentan confundirse con la masa de los afectados para evitar el pago de los alquileres.
Este tipo de inquilinos problemáticos van estafando pequeñas cantidades a los sucesivos propietarios que les arriendan viviendas o locales de negocios que, claramente, se aprovechan de las situaciones de crisis, les afecten o no, para eludir sus obligaciones de pago. Siempre encuentran una justificación para hacerlo, por ejemplo respecto de las características de la vivienda o del local arrendados, y que ellos creen que es excusa suficiente para el impago de sus rentas debidas. Suelen ser muy agresivos con el propietario y argumentan que “ellos” tienen problemas económicos y no les importa si le están causando problemas económicos a quien les ha arrendado la vivienda o el local.
Por si se trata de un moroso profesional, al primer impago o falta de puntualidad en el pago se debe iniciar de inmediato un procedimiento de desahucio express en Madrid por impago de las rentas de alquiler.
Tal vez tus inquilinos sean buenas personas, cumplidoras y honradas, tal vez se encuentran transitoriamente afectados por la crisis, pero hay muchos inquilinos morosos profesionales que van de vivienda en vivienda y de local en local dejando cuantiosas cantidades pendientes de pago de rentas de alquiler a su paso.
Lamentablemente la Administración de Justicia es excesivamente proteccionista y sus procedimientos favorecen a los inquilinos morosos y perjudican a los propietarios, y cuando por fin acepta a trámite una demanda de desahucio, después de meses de espera, fijan una fecha de juicio para atender la demanda por impago de rentas varios meses posterior, y todavía más meses después se fija la fecha del lanzamiento, y mientras tanto el inquilino moroso sigue viviendo tranquilamente en la vivienda alquilada y sin pagar ninguna renta.
