En las comarcas olivareras de Andalucía se ha encendido una polémica que enfrenta a proyectos de energía renovable con la tradición agrícola. Los mensajes por WhatsApp alertando de la expropiación de “100.000 olivos centenarios en Lopera (Jaén) para instalar plantas solares” despertaron alarma en la población. Pese a que la Junta de Andalucía ha matizado que ese dato es exagerado –habla de “no llegan a 13.000” árboles afectados–, la noticia movilizó a numerosos agricultores. A principios de 2025, unas 150 personas con 60 tractores se manifestaron en Lopera contra la instalación de una “megaplanta” fotovoltaica en el olivar local.
El debate alcanzó incluso repercusión internacional: medios británicos llegaron a publicar que la Junta andaluza aplicaba una “ley de la época franquista” para talar centenares de hectáreas de olivar por paneles solares. Ante el revuelo, el consejero de Industria y Energía de la Junta (PP), Jorge Paradela, salió en defensa del plan, afirmando rotundamente que “no es cierto” que vayan a arrancarse 100.000 olivos y que la cifra real sería de 12.994 árboles, además de destacar que se han plantado 4.000 hectáreas más de olivar entre 2018 y 2023.
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Origen del conflicto
Los proyectos de instalación de parques solares en Andalucía han proliferado en los últimos años, apoyados en leyes recientes. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA, aprobada en 2021 y reformada en 2022) otorgó rango ordinario a las instalaciones renovables en suelo rústico, lo que facilitó su expansión pero también provocó críticas de ecologistas y asociaciones del mundo rural. En concreto, la comarca campiñera de Jaén alberga siete megaproyectos fotovoltaicos promovidos por la empresa Greenalia (y otra por FRV Arroyadas), denominados Zumajo I y II, Marmolejo Solar I y II, y Guadame II, III y IV. En total suman unos 310 MW de potencia y ocuparían 554 hectáreas agrícolas. Al ser terrenos privados dedicados al olivar, la tramitación se ha basado en la figura legal de la declaración de utilidad pública o interés social, que permite la expropiación forzosa mediante indemnización a los propietarios.
La Consejería de Industria señala que buena parte de los contratos han sido voluntarios: por ejemplo, en estos parques el 86% del suelo se ha arrendado “de forma voluntaria” entre promotores y agricultores. Sin embargo, asociaciones de agricultores denuncian que esas “firmas” se logran bajo presión: muchos propietarios “se sienten coaccionados” a ceder sus tierras temporalmente para evitar un proceso expropiatorio. La Cooperativa La Loperana, una de las más afectadas en Lopera, calcula en 800 socios las explotaciones damnificadas, con una pérdida de más de tres millones de euros anuales en jornales y venta de aceite de oliva. Por ello, los afectados sostienen que el cultivo tradicional del olivar –si bien menos rentable por hectárea que la instalación de paneles– es el que más empleo genera y fija población en el medio rural. Alegan además motivos medioambientales: un olivo centenario captura cientos de kilos de CO? al año, y las talas extensivas de árboles se ven como una contradicción en un discurso de descarbonización.
En este sentido, la plataforma SOS Rural calcula que harían falta 28,5 millones de árboles jóvenes para compensar el CO? que dejarían de fijar los medio millón de olivos centenarios que planean eliminar en Jaén y Córdoba. Como resumió Natalia Corbalán (SOS Rural), “es contradictorio hablar de descarbonización… mientras arrasas con árboles con siglos de antigüedad, los mayores sumideros naturales de carbono que existen”.
Reacciones políticas e institucionales
La crisis del olivar solar ha cristalizado rápidamente en un choque político en Andalucía. Vox, partido de la oposición, ha puesto al frente de su discurso a su portavoz parlamentario, Manuel Gavira. Gavira ha denunciado los planes del gobierno autonómico como una “tala indiscriminada” de miles de olivos. En comparecencias públicas ha cargado contra el “bipartidismo de PP y PSOE” por “coaccionar y castigar” al sector agrario con políticas que, según él, persiguen sustituir el olivar por placas solares. Gavira advierte de un “coste medioambiental irreparable” y de la pérdida de “empleo y riqueza” en el campo si continúan estos proyectos. Recalca que Vox no se opone a las energías renovables en sí, pero critica que las plantas se ubiquen en “tierras productivas” en lugar de en suelos degradados, cuestionando así la “lógica” del gobierno. El portavoz de Vox incluso acusó a PP y PSOE de negarse a ejecutar infraestructuras hídricas fundamentales, para “coaccionar” a los agricultores y que abandonen el campo.
Frente a estas críticas, el Gobierno andaluz (PP) mantiene que la transición energética requiere impulsar las renovables y que los proyectos cumplen escrupulosamente la ley. El consejero Jorge Paradela insistió en el Parlamento que la cifra de 100.000 olivos era “rotundamente falsa” y que se trata de apenas 12.994 árboles según los permisos aprobados. Paradela detalló que solo el 21,7% de la superficie proyectada precisa declaración de utilidad pública (expropiaciones), y que la mayoría de propietarios han alcanzado acuerdos con la promotora, recibiendo alquileres de 2.400 a 3.000 euros por hectárea –muy por encima de la media del sector– lo que, en su opinión, cambia la viabilidad económica de esas tierras. En sede parlamentaria se enorgulleció de que cada planta de 50 MW generará unos 150.000 euros anuales en tributos municipales (por 30 años) y casi dos millones en licencias de obras, «un monto que cambia por completo el presupuesto de un municipio», defendió. Además, subrayó que estos parques ocupan menos del 0,6% de la superficie cultivable jiennense (0,4% de Andalucía), y que Jaén es actualmente “prioridad número uno” en los planes de ampliación de la red eléctrica para acomodar las renovables. El gobierno autonómico ha enfatizado que los procesos de autorización son “rigurosos, transparentes y participativos” y que los proyectos cuentan con todas las evaluaciones ambientales requeridas.
En el Parlamento de Andalucía, la coalición de izquierdas Por Andalucía (IU/Podemos) se ha alineado con los agricultores en el escepticismo. La diputada Esperanza Gómez (IULV-CA) reconoció que la apuesta por las renovables “está bien”, pero cuestionó la forma de llevarla a cabo. Recalcó que los proyectos se plantean en olivares “productivos” y “contra una parte importante de los propietarios”, de modo que mucha gente “se siente abocada a vender incluso antes del proceso expropiatorio”. Gómez también denunció los elevados consumos de agua que requiere la limpieza de placas solares y reclamó un estudio de planificación para ubicarlas en “terrenos baldíos o degradados” en lugar de tierras de alto rendimiento agrícola. El PSOE andaluz no se ha posicionado públicamente con fuerza en este conflicto concreto, no obstante, el alcalde socialista de Lopera fue objeto de una petición formal de SOS Rural para que suspenda las licencias concedidas, advirtiendo de que de no hacerlo “permitirá que el ecocidio siga adelante”. De hecho, plataformas y ONG han enviado comunicados a los ediles de Lopera, Arjona y Marmolejo para urgir medidas: según SOS Rural, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictaminó que esos planes eran ilegales, por lo que cualquier licencia aprobada sería anulable y expondría a los alcaldes a responsabilidades patrimoniales e incluso penales.
Desde que se hizo público el proyecto, las asociaciones agrarias y las plataformas ciudadanas han protagonizado numerosas movilizaciones. La Plataforma Campiña Norte contra las Macroplantas Solares –integrada por afectados de Lopera, Arjona y Marmolejo– ha recogido decenas de miles de firmas. En mayo de 2025, junto con SOS Rural, sus portavoces entregaron más de 80.000 firmas en el Parlamento andaluz en la campaña ‘¡Salvemos los olivos centenarios de Lopera!’. A inicios de julio, la cifra superó las 128.000 apoyos, e incluso se presentó una queja ante la Comisión Europea por la tala programada de olivos; la UE decidió tramitar esa petición y elevarla a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, devolviendo en parte la pelota al Gobierno andaluz. Mientras tanto, los agricultores han realizado “tractoradas” en la zona; además de la protesta en Lopera, recientes viajes organizados a pie de obra resaltaron la protesta colectiva. En la llamada “zona cero” de la tala, uno de los miembros de SOS Rural se encadenó simbólicamente a un olivo, como gesto de apego a la tierra.
También han participado colectivos y personalidades no especializadas: grupos ecologistas como Aliente y la plataforma MACROrenovablesNO llevaron la lucha ante la Unión Europea, organizando una manifestación en Bruselas para denunciar estos proyectos, argumentando que amenazan el medio ambiente y el territorio a nivel global. Celebridades españolas se han sumado al clamor: la actriz Ana Arias (de series como Cuéntame) publicó en Instagram vídeos lamentando la “destrucción de olivos centenarios” y llamando a la movilización ciudadana por la “soberanía alimentaria” frente a las “empresas energéticas”. La plataforma SOS Rural ha advertido incluso de posibles consecuencias judiciales: exige a los ayuntamientos la paralización de los proyectos y alertó de que aprobaciones municipales podrían acarrear responsabilidades penales, pues considera que los planes han eludido controles legales mediante un “fraccionamiento ilegal” de los parques. Todos estos movimientos resumen que “sin nuestros olivos… no hay trabajo, no hay salarios, no hay vida en los pueblos” ni “medio rural” en las zonas afectadas, como ha afirmado Natalia Corbalán.
Dimensión socioeconómica y ambiental
El arranque de olivos no es solo una cuestión simbólica: tiene consecuencias concretas en empleo, economía local y sostenibilidad. El sector del olivar tradicional genera multitud de jornales en época de recolección y fija población en el interior; su sustitución por grandes extensiones de placas implica que muchos temporeros podrían perder la temporada de trabajo. La propia experiencia del olivarero Antonio Miguel Ruiz ilustra el dilema: propietario de una explotación en Lopera, fue casi “coaccionado” para arrendar sus 600 olivos por 40 años, obteniendo alrededor de 3.000 euros por hectárea, importe similar a lo que ganaba con la explotación. Pero él lamenta que “de este modo se pierden muchos jornales en el campo y se amenaza el futuro de nuestros hijos y de nuestros pueblos”. SOS Rural y la Plataforma Campiña Norte han calculado el impacto: por ejemplo, en Lopera la tala de 42.600 olivos centenarios le haría perder unos 3,1 millones de euros anuales entre jornales y venta de aceite, el 25% de los ingresos del municipio.
Aun así, las empresas promotoras y los defensores del plan destacan los supuestos beneficios económicos. Greenalia informó que los proyectos implicarán inversiones millonarias –176 millones de euros en seis parques–, de los cuales 7,6 millones serían recaudados en impuestos por los tres ayuntamientos involucrados, y alrededor de un millón en alquileres anuales para los propietarios de las tierras a lo largo de 25 años. Greenalia añadió que también destinará 210.000 euros al año a proyectos de protección del lince ibérico y otras especies. Además, calcula que la construcción de los parques requerirá unos 2.170 empleos durante la fase de obra y unos 37 empleos de mantenimiento continuado. El director de UNEF (la patronal solar) enfatiza que estos contratos ofrecen alquileres récord (3.000–3.800 €/ha, frente a 1.500 €/ha de media) y que en la mayoría de los casos hay acuerdos voluntarios con los dueños, limitando las expropiaciones a lo estrictamente imprescindible. Paradela destacó también que las placas generarán ingresos estables: “una planta de 50 megavatios va a generar 150.000 euros al año en impuestos municipales durante 30 años, y casi dos millones en licencia de obras”, recursos que, según él, permitirían “hacer muchas cosas” en cada pueblo.
Desde el punto de vista ambiental, los defensores del olivar aluden a su valor patrimonial y ecológico: muchos de los árboles arrancados son centenarios o de variedades autóctonas irreemplazables, integrados en un paisaje que optó a ser Patrimonio de la UNESCO. SOS Rural y Campiña Norte advierten que la destrucción de esos “sumideros” naturales de carbono exige compensaciones millonarias: sólo por la pérdida prevista de medio millón de olivos habría que plantar casi 30 millones de árboles jóvenes para igualar la captura de CO?. Esta preocupación pone en duda la coherencia de la estrategia climática autonómica: el propio presidente Moreno Bonilla anunció en 2024 un plan de reforestación (1,5 millones de árboles en 2.500 ha) para convertir a Andalucía en «referente» en compensación de emisiones, pero sus opositores apuntan la paradoja de tal promesa mientras se talan olivares centenarios.
Por otra parte, organizaciones agrarias como ASAJA también han aportado su visión al conflicto. ASAJA Córdoba advirtió que la actual normativa de “utilidad pública” permite declarar parques solares sin el consentimiento de los agricultores, forzándolos a aceptar indemnizaciones “muy por debajo del valor real de sus tierras” bajo amenaza de expropiación. La organización reclama que se respete la propiedad privada y se destinen esos proyectos a suelos degradados; cuestionan que se usen “las mejores tierras de cultivo, esenciales para la producción de alimentos y el medio rural” en vez de terrenos menos fértiles. En sus comunicados, ASAJA viene pidiendo que se revise de urgencia la legislación de expropiaciones y se abra un diálogo real con el campo, pues “no se puede avanzar en sostenibilidad energética a costa de la sostenibilidad del campo”.
Un polémica que seguirá
La polémica del arranque de olivos en Andalucía evidencia la tensión entre la urgencia de las renovables y la defensa del medio rural. Los agricultores y organizaciones sociales claman por métodos más respetuosos con el olivar tradicional, mientras los promotores y el gobierno autonómico insisten en la necesidad estratégica de los parques solares y en que los proyectos cumplen la normativa. Manuel Gavira y Vox han personificado en el Parlamento la protesta agraria, denunciando la “coacción” a la que se sentirían sometidos los agricultores, mientras PP y PSOE consideran la instalación solar como una inversión de futuro. En medio de este debate, las plataformas vecinales han movilizado firmas, camionadas de tractores y denuncias legales con el fin de frenar la tala. Como ha dicho uno de los portavoces campesinos, estos olivares “son mucho más que árboles: son historia, identidad, economía y futuro” de las comarcas afectadas. Queda por ver si este conflicto abrirá nuevas vías de convivencia entre la expansión energética y la conservación del paisaje agrario, pero de momento ha puesto de manifiesto el fuerte rechazo social y político que genera el enfrentamiento entre placas fotovoltaicas y el “mar de olivos” andaluz.
